Cada escándalo nuevo, resurge la indignación ciudadana —y con razón— pero al poco tiempo, bajo el peso de las demás noticias nacionales, queda rezagada en la memoria colectiva.
Sin embargo, además de exigir investigaciones y resultados a las entidades de control y de juzgamiento, sería pertinente que como sociedad también pudiéramos planteáramos cómo contribuir a la disminución y el control de las acciones que aportan de manera cotidiana y constante a la perpetración y normalización de la corrupción.
La corrupción se refuerza constantemente desde el momento mismo en el que alguien decide que una norma puede incumplirse si nadie lo descubre; cuando se utiliza un contacto para obtener privilegios; cuando se ofrece dinero para acelerar un trámite; cuando se evade el pago de impuestos; cuando se utiliza un bien público para beneficio particular o cuando se justifica una conducta indebida porque “lo hace todo el mundo”.
El problema de esto radica en que diariamente se va construyendo una cultura nacional que justifica la corrupción y que se convierte en el caldo de cultivo para nuevos actos de corrupción que permea todas las esferas sociales.
Resulta paradójico que se exija transparencia a los gobernantes mientras encontramos argumentos para justificar nuestras propias conductas poco éticas. Condenamos al funcionario que utiliza su posición para favorecer a un amigo, pero consideramos aceptable pedirle a un conocido que nos consiga una ventaja, y es ahí donde existe una profunda contradicción que va viciando paulatinamente la confianza en el otro.
La confianza pública se construye en la relación con las instituciones, y no menos importante, en la relación diaria con la cultura. Entre más conductas irregulares se normaliza socialmente, mayor es la desconfianza que afecta directamente a la relación entre ciudadanos y de éstos con el Estado.
En la encuesta de Cultura Política 2023, realizada por el DANE, se observa que solo el 5,6 % de los colombianos dijo confiar en desconocidos. Frente a las instituciones públicas, la entidad con más confianza ciudadana son las Fuerzas Militares, con un 24%, cifra que sigue siendo considerablemente baja.
Por eso, combatir la corrupción no es solamente tarea del Estado, sino una necesidad de transformación cultural que permita entender que la integridad personal representa el andamiaje necesario para la construcción de la integridad en lo público.
La lucha contra la corrupción, entonces, comienza frente al espejo, y quizá por eso, es uno de los mayores desafíos de una democracia, que permita comprender que cada decisión cotidiana, por pequeña que parezca, es también una elección sobre el país en el que queremos vivir.
Marcela Pabón
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