El 8 de marzo no es una fecha más en el calendario electoral colombiano. Es un punto de inflexión. Ese día, los ciudadanos no solo participaremos en la definición de los candidatos presidenciales, sino que elegiremos el Congreso de la República que marcará el rumbo legislativo, el control político y el equilibrio institucional del país durante los próximos cuatro años. Lo que está en juego es, sin exagerar, la salud de la República.
Es natural que la atención esté concentrada en la carrera presidencial. El próximo jefe de Estado tendrá gran influencia sobre el rumbo que tomará el país. Sin embargo, reducir la democracia a una sola elección sería un error profundo. Colombia es una democracia constitucional sustentada en la independencia de poderes, principio consagrado en la Constitución de 1991, que organiza el Estado en tres ramas autónomas —Legislativa, Ejecutiva y Judicial— llamadas a cooperar entre sí, pero también a ejercer controles recíprocos. Sin un Congreso fuerte e independiente, ese equilibrio se rompe.
Por eso, como nunca antes, la elección del Congreso resulta determinante. Hoy los ciudadanos contamos con información suficiente para evaluar el desempeño de senadores y representantes: su compromiso con el bien común, su defensa de las libertades ciudadanas y su conducta ética. También sabemos quiénes han participado en prácticas corruptas que han desangrado los recursos públicos destinados a los más vulnerables. Elegir bien no es solo un derecho; es una obligación cívica.
El Congreso que resulte electo legislará sobre asuntos esenciales, ejercerá control político al gobierno y definirá si Colombia mantiene un Estado de Derecho sólido o avanza hacia la concentración del poder. Un buen Congreso puede acompañar las reformas necesarias y corregir los excesos; uno mediocre o complaciente facilita el deterioro institucional y la pérdida de derechos.
Ese mismo 8 de marzo se celebrarán las consultas interpartidistas, un ejercicio democrático clave para filtrar y ordenar la desmedida oferta de candidatos presidenciales que tenemos. La denominada Gran Consulta reúne a nueve candidatos con trayectorias limpias, experiencia probada y un claro compromiso con el país. Una participación masiva fortalecerá al candidato elegido y enviará un mensaje inequívoco de unidad a millones de ciudadanos que no desean la continuidad de un gobierno de izquierda que ha deteriorado bienes públicos construidos durante décadas, como el sistema de salud, la autosuficiencia energética, Ecopetrol, Icetex o el sistema pensional.
El 8 de marzo no se trata solo de votar, sino de decidir qué modelo de país queremos. La abstención nunca es neutral: siempre favorece a los peores. La participación informada, en cambio, es la herramienta más poderosa para defender la democracia y el futuro de Colombia. Ese día, el voto cuenta. Y cuenta mucho.
Martha Elena Pinto de De Hart
