Tan grave como el drama que padecen a diario los usuarios de nuestras carreteras —y el aislamiento al que se somete al sector productivo y al turismo— es la forma en que el departamento ha venido claudicando en su propósito de contar con un sistema vial sólido y moderno que soporte su futuro.
En el caso de la vía Bucaramanga-Bogotá, vital para preservar la supervivencia del Santander andino, hemos descendido de manera insólita en nuestras aspiraciones. De la doble calzada con túneles y viaductos, pasamos a consolarnos con algunos tramos de adelantamiento y, ahora, parecemos resignados a la simple habilitación de pasos intransitables y al relleno de huecos y baches para atenuar los daños a los automotores.
A pesar de que los grandes proyectos viales no se autofinancian con peajes, sino que, además, demandan cuantiosos recursos del presupuesto nacional, en nuestro territorio empieza a imponerse el modelo de convenios para asegurar que el producto de ese tributo sea destinado a las respectivas carreteras. Sin embargo, por disponer de esa única fuente de financiación, su alcance se restringe a pequeñas adecuaciones y labores de mantenimiento. En otras palabras, terminamos admitiendo que las inversiones en nuestra red vial se hagan exclusivamente con los recursos que la propia región sea capaz de generar.
Ese conformismo se consolidó con el fracaso de la concesión Área Metropolitana, cuando se relevó a la Nación de la obligación de ejecutar el objetivo inicialmente previsto de construir diez tramos viales a cambio de la administración del recaudo de dos peajes. Ante la incapacidad local para ejercer con pulcritud esta responsabilidad, se precisó acudir a entidades del orden nacional para salvar ese esquema. Hoy, aunque varios peajes se encuentran inactivos, se propone otro convenio para la vía a Bogotá, que sería ejecutado por el mismo Invías, entidad que se niega a atender con eficiencia esta arteria.
No es mejor la situación de la vía a Barrancabermeja, entrabada por un pleito, ante la necesidad de adoptar una variante para garantizar su estabilidad. Tampoco lo es en la transversal del Carare ni en la vía a San Vicente de Chucurí, que solo reciben inversiones menores para remover derrumbes. Y, para completar, la mal llamada autopista Bucaramanga-Floridablanca-Piedecuesta presenta un deterioro generalizado frente al cual apenas se reclama un reparcheo cuando lo que debería exigirse al Invías es la colocación de una nueva carpeta asfáltica en toda su extensión.
Surgen dos preguntas inevitables: ¿en qué momento perdimos la altivez y aceptamos como suficiente lo que antes habríamos considerado inadecuado?, ¿cuándo nos doblegamos ante la indolencia del Gobierno nacional y renunciamos a esforzarnos por conseguir el sistema vial que Santander necesita para no quedarnos atrás?
Álvaro Beltrán Pinzón