Llevamos varios años navegando en medio del caos generado por el denominado “estallido social” y, posteriormente, por el desgobierno y la provocación reinantes desde agosto de 2022. Nuestro presidente, de manera constante, desafía la institucionalidad y el Estado de Derecho que nos rige. No es casualidad, muchos líderes de izquierda han seguido una estrategia conocida para desestabilizar naciones y acceder al poder por medios aparentemente democráticos. Algunos consideran que estas acciones son cortinas de humo para ocultar una mala gestión y la incapacidad de ejecutar políticas efectivas.
En medio de este mar de noticias y escándalos, resulta reconfortante ver el despertar de una ciudadanía cada vez más consciente de su responsabilidad y el resurgir de las instituciones, cuya existencia y competencias están claramente definidas por nuestra Constitución. Nunca, en varias décadas de vida, se había visto a tantas personas comunes interesadas en informarse sobre las leyes en trámite en el Congreso, cómo estas afectan sus vidas, sobre los fallos de las altas cortes y las actuaciones de los gobernantes. Este interés por entender la marcha del país ha llevado a la ciudadanía a manifestarse, como ocurrió el pasado 5 de junio, además de muchas protestas pacíficas anteriores.
Las instituciones, aunque imperfectas, han respondido en el marco del Estado de Derecho, en el que la separación de poderes es fundamental. El Congreso aprobó la reforma laboral con pocas modificaciones al texto original de Cámara. Aunque esa reforma no resulta favorable ni para trabajadores ni para empresarios —por razones ampliamente conocidas-, buscó contrarrestar la consulta popular ilegal que el gobierno pretendía imponer. Además, el Senado negó en dos ocasiones esa misma consulta.
Por su parte, la Corte Constitucional devolvió a la Cámara la reforma pensional, solicitando corregir vicios de trámite. Aunque ha sido criticada por quienes consideran que estos vicios no eran subsanables, se especula que quizás la Corte evitó provocar al gobierno negando a la vez la consulta y la reforma de manera definitiva. La Corte no se pronunció de fondo, sino que emitió un auto que señala la necesidad de revisar los procedimientos y tomará su tiempo para hacerlo de fondo. El Consejo de Estado también se pronunciado en derecho.
En conclusión, las instituciones están actuando dentro del marco legal y constitucional, enfrentando los desafíos propios de un Estado de Derecho en tiempos de crisis. La ciudadanía, por su parte, ha demostrado un interés genuino en defender sus derechos y en exigir transparencia. La unión de ambos actores es fundamental para mantener la estabilidad, fortalecer la democracia y avanzar hacia un país más justo y equitativo. La historia reciente nos muestra que, cuando la ciudadanía y las instituciones trabajan juntas, es posible superar los momentos más difíciles y construir un mejor futuro para todos.
Martha Elena Pinto de de Hart