El evento democrático del próximo domingo reviste una importancia decisiva. De su resultado dependerá la conformación del Congreso de la República —Senado y Cámara de Representantes— para un cuatrienio en el que deberán adoptarse decisiones fundamentales que preserven el equilibrio institucional y la vigencia del orden democrático.
Independiente del resultado de las elecciones presidenciales de mayo y junio, el nuevo Congreso tendrá responsabilidades ineludibles. Le corresponderá estudiar reformas indispensables para restablecer el equilibrio entre los poderes públicos; ejercer control político real sobre el Ejecutivo en una época marcada por crecientes pulsiones autoritarias provenientes de corrientes ideológicas extremas; y, eventualmente, tramitar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Resulta imperativo corregir el desprestigio en que ha caído el órgano legislativo, percibido cada vez más como apéndice del Ejecutivo. Los cupos indicativos, que sustituyeron los auxilios parlamentarios proscritos por la Constitución de 1991, terminaron convertidos en instrumentos de presión política y corrupción. El Gobierno los utiliza para asegurar mayorías y numerosos congresistas los emplean para alimentar estructuras clientelares que minan la conciencia ciudadana. La hipocresía que caracteriza esta connivencia recuerda la aguda ironía de Sor Juana Inés de la Cruz: “¿cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: el que peca por la paga o el que paga por pecar?”.
El reajuste institucional exige un Congreso serio y solvente. La reforma pensional, atrapada en la incertidumbre jurídica, deberá revisarse a la luz del acelerado envejecimiento poblacional que compromete la sostenibilidad del sistema. La reforma a la salud necesita abandonar enfoques revanchistas y avanzar hacia un modelo que combine la capacidad operativa del sector privado con un Estado capaz de ejercer regulación y vigilancia efectivas, lejos de la ineficiencia pública y de la codicia generalizada. Es indispensable la adopción de un estatuto tributario que amplíe la base de contribuyentes, combata la evasión e incentive la producción.
La ley de competencias del Sistema General de Participaciones será determinante para profundizar la descentralización territorial. La reforma a la organización electoral resulta impostergable ante su amañado proceder. También deberá revisarse la inoperancia de los organismos de control, evaluar la pertinencia de algunas entidades y avanzar en el fortalecimiento de la administración de justicia, fundamento de toda democracia.
El país necesita legisladores probos, que antepongan el interés nacional a la conveniencia personal o electoral. El acto de votar es imperativo y no puede reducirse a un trámite rutinario. Cada ciudadano deberá preguntarse si los aspirantes a senador y representante a la cámara poseen la solvencia moral y el conocimiento necesarios para asumir una responsabilidad que compromete el destino colectivo.
Álvaro Beltrán Pinzón
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