Con una decisión calificada como una hábil maniobra política orientada a afianzar los índices de popularidad de su gobierno, el presidente expidió el decreto que fija el nuevo salario mínimo para 2026, con un incremento muy superior al previsto por los distintos actores de la economía. La introducción del concepto de “mínimo vital” resulta, en apariencia, convincente. Sin embargo, se trata de una aspiración abiertamente demagógica, en la medida en que omitió prever sus efectos colaterales.
En el escenario electoral que se avecina, también podría verse favorecido el candidato que cuente con el respaldo del presidente, lo que pone de relieve el cálculo político que subyace a esta determinación. Era previsible que los representantes gremiales —los “ricos avaros”, según la reiterada denominación presidencial— y buena parte de los aspirantes reaccionaran en contra, en una postura que sectores populares interpretarán como mezquina. Para un trabajador resulta incomprensible que candidatos y gremios se opongan invocando la pérdida de competitividad empresarial o el eventual desbordamiento inflacionario. Lo tangible es contar con unos pesos adicionales en el bolsillo, y Petro aparece como su benefactor.
Los efectos adversos de esta medida parecen tener sin cuidado a un gobierno que ha logrado desmarcarse de las consecuencias desfavorables de su propia gestión, atribuyéndolas al bloqueo que —según su relato— “el sistema” le ha impuesto y que le impide gobernar. En ello ha sabido sacar provecho de la notoria torpeza de la oposición.
El criterio según el cual una familia requiere devengar al menos 1,5 salarios mínimos para asegurar su subsistencia resulta, sin duda, contundente como argumento político, aunque insuficiente como sustento de una política pública.
También existe la posibilidad de que “el tiro le salga por la culata”. En el primer trimestre de 2026, previo a las elecciones, podría desatarse una carestía en bienes de consumo básico, con impactos directos en aspectos cotidianos como los denominados “corrientazos”. Se sumarían las dificultades que enfrentarán las pequeñas y medianas empresas, y los ciudadanos en general, por el incremento de costos de servicios y obligaciones indexadas al salario mínimo. Los grandes damnificados serían los pensionados y los trabajadores informales.
El sector de la construcción —tradicional pilar de estabilidad económica— afrontará una afectación severa. Los valores máximos de la vivienda VIS y VIP, así como los subsidios y condiciones de acceso, están directamente atados al salario mínimo, lo que encarecerá estos proyectos hasta volverlos prácticamente inalcanzables para los compradores. Por esta vía se reducirá la construcción de vivienda y aumentará el desempleo.
Cuesta entender que un presidente adopte una decisión de tal magnitud con semejante temeridad. Cuando el cálculo político se impone sobre la responsabilidad, el riesgo no es solo económico: es institucional.
Álvaro Beltrán Pinzón
