Colombia atraviesa una difícil crisis en el sistema de salud. A nivel departamental, la gravedad de la crisis financiera ha llevado a las IPS a realizar manifestaciones públicas, para poner de manifiesto la compleja problemática que tiene al borde del colapso la prestación de los servicios médicos.
Los incumplimientos y demoras en el giro de recursos a las IPS, no solo afecta la prestación del servicio a los usuarios, genera también retardos en el pago al personal médico y asistencial, siendo ellos, el motor del sistema.
Pero más allá de los fallos en la ejecución del modelo actual de salud, hay un factor que corroe desde adentro el sistema y lo hace insostenible: la corrupción. Los múltiples hallazgos de malversación de recursos destinados a la salud, vulneran de manera sistemática el derecho fundamental a la salud y a la seguridad social de millones de colombianos.
Casos de corrupción como el desfalco de Caprecom, el cartel de la hemofilia o el reciente escándalo de Coosalud EPS, investigada por el presunto manejo irregular de más de 200 mil millones de pesos, son solo ejemplos de los mecanismos empleados para favorecer los intereses particulares con los dineros destinados a la atención en salud. En este ámbito, cada peso robado, se traduce en medicamentos no entregados, tratamientos interrumpidos, cirugías aplazadas, en fin, vidas humanas puestas en riesgo.
La Contraloría General de la República reportó en marzo del presente año, la existencia de 522 procesos de responsabilidad fiscal en curso, que representan presuntos daños por 11 billones de pesos en recursos de la salud. La cifra es escandalosa. Dentro de los hallazgos del ente de control, se identificaron pagos realizados por las EPS sin soporte alguno, lo que habría llevado a una desviación de recursos por un valor que rodea los 5 billones de pesos.
Esto, aunado a diversos factores del funcionamiento mismo del sistema, ha llevado al crecimiento de una profunda crisis que se materializa en los 32,9 billones de pesos de deuda que presentan las EPS, condición que se agrava si se tiene en cuenta que solo seis de ellas acreditan los indicadores financieros que les permitan continuar operando.
El sistema de salud está en estado crítico, y no puede seguir siendo mercantilizado y utilizado para anteponer los intereses particulares y el clientelismo político, sobre la protección de la vida y la integridad de los pacientes y las garantías laborales del personal sanitario. Es indispensable fortalecer la vigilancia y el control efectivo de los recursos, judicializar a los responsables de la malversación de recursos y garantizar una financiación transparente que priorice la atención primaria, el equilibrio del sistema y la dignidad humana.
Marcela Pabón
Interesante ver con cifras reales que era lo que habia y su viabilidad de continuidad y mejoras, enm contraste de los criterios que tienen quienes proponen el cambio y de los aspectos fundamentales de estas propuestas. Creo que no ha habido suficiente claridad, ni por parte de los defensores, ni tampoco de los que buscan el cambio… El tema es de cobertura y calidad, de la viabilidad economica a largo plazo y no se trata sólo de una competencia politica, que no es buena para el sistema de salud.