La más reciente tertulia organizada por la Fundación Participar, con el valioso apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos –Regional Santander–, tuvo como tema central la vivienda en el Área Metropolitana de Bucaramanga, analizada a partir de dos pilares fundamentales: el ordenamiento territorial y los servicios públicos.
Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) cumplen la función de planificar y regular el uso y la transformación del territorio, con el objetivo de asegurar un desarrollo integral, sostenible y armónico, mejorando la calidad de vida de los habitantes. Y, por supuesto, a los suelos destinados para vivienda deben llegar de manera adecuada los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, gas y comunicaciones.
Sin embargo, la realidad es que los POT de los cuatro municipios del Área Metropolitana no son los mejores y se encuentran desactualizados. En este aspecto resulta evidente la urgencia del anhelado —y nunca alcanzado— Distrito Metropolitano. Tampoco existe una gestión eficiente del suelo por parte del Estado que permita a los constructores formales atender la creciente demanda de vivienda. A ello se suma que la tramitología para construir una vivienda formal parece infinita, la descoordinación de las entidades involucradas es abrumadora y las cargas urbanísticas resultan onerosas. Estos y otros factores atentan contra la oferta de vivienda formal y favorecen el floreciente negocio de la vivienda informal, construida sin cumplir normas de calidad.
Bucaramanga no tiene espacio para expandirse, y las opciones de renovación urbana al interior de la ciudad que se han estudiado no han logrado viabilidad financiera. Los municipios restantes del AMB, por su parte, se han convertido en ciudades dormitorio, alejadas de los lugares de trabajo de sus habitantes.
Se estima que el déficit habitacional en el AMB asciende a 50.000 viviendas. Sin embargo, el gobierno nacional, lejos de contribuir a atender esta necesidad, optó por desmontar el exitoso programa Mi Casa Ya, que pasó de entregar 65.000 subsidios en 2021 a 4.980 en 2024, y ninguno en el presente año. En el ámbito local, según datos de Camacol, las ventas de vivienda en el AMB cayeron un 45% entre 2021 y 2024, al pasar de 9.035 unidades (64% de interés social) a 4.968 (34% VIS). ¡Otro colapso comparable al de la salud!
Es urgente una verdadera política de Estado que atienda esta necesidad explorando mecanismos ya probados, como la construcción de vivienda para arriendo con cánones subsidiados por el gobierno, o los proyectos de vivienda productiva que reduzcan los desplazamientos hacia los lugares de trabajo. Además de responder a esta necesidad sentida, el sector constructor es un motor clave para el desarrollo: dinamiza el aparato industrial, comercial y financiero, con 28 subsectores vinculados a su cadena de valor. Lamentable que el gobierno nacional no quiera entenderlo.
Martha Elena Pinto de De Hart